Esta plataforma considera positiva la inclusión de la disposición adicional segunda en la ley por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, actualmente en proceso de aprobación por parte del Senado, y según la cual el Gobierno debe elaborar un informe sobre las barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad para el acceso a la información de las compañías cotizadas y para el ejercicio de su derecho de voto.

 

De esta forma, propone asegurar que los accionistas con discapacidad o de edad avanzada puedan participar en las juntas y en los consejos de administración, eliminándose las barreras físicas, cognitivas o de comunicación que impidan el ejercicio de sus derechos sociales.

 

Respecto a los informes de gestión piden que se completen, junto a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y laborales aquellas referidas al cumplimiento de reglas en materia de igualdad y no discriminación, con mención específica a las personas con discapacidad.

 

Por último, y en cuanto a la composición de los consejos de administración, se reclama que la discapacidad sea tenida en cuenta en las políticas y procedimientos de selección de sus miembros, de manera que se asegure el cumplimiento de principios de no discriminación e igualdad de oportunidades.

 

En este sentido, el CERMI considera que la participación de las personas con discapacidad en los consejos de administración supone una aportación de talento y puntos de vista que enriquecen los procesos de toma de decisiones.